Febrero 2013
ÍNDICE:
- 1,7 millones de embriones humanos, desechados en Gran Bretaña desde 1991
- Profesionales por la Ética presentan 2.700 firmas contra la investigación con células madre.
- 10 años de regulación del menor maduro. Federico de Montalvo.
- Guía para solucionar conflictos éticos en primaria sin 'frustrarse'
- EEUU: Sólo se notifican el 2% de los errores en medicación
- El Gobierno prohibirá la investigación con grandes simios
- La Camfic reprueba la ética de la Tarjeta Sanitaria Individual de enfermos frágiles
- Europa estudia restringir el uso de los anticonceptivos orales de última generación.
- "Informar al paciente exige la implicación personal del médico"
- La reforma del sistema británico de salud será controlada, paso a paso, por organismos independientes.
- Absuelto Morín porque las mujeres 'firmaron' abortar
- La UE prohibirá para siempre las pruebas de cosméticos en animales
1. 1,7 millones de embriones humanos, desechados en Gran Bretaña desde 1991
ABC, Día 03/01/2013 josé grau / madrid
Por cada mujer que se somete a la fertilización in vitro se utilizan de media 15 embriones
Millones de embriones humanos han sido descartados en Gran Bretaña, producto de la fertilización in vitro
Millones de embriones humanos, creados para que pudieran quedar embarazadas mujeres que se sometían a la fertilización in vitro (FIV), han sido desechados en Gran Bretaña.
Desde 1991, es decir, desde que hay datos estadísticos allí en ese terreno, han sido descartados más de 1,7 millones de cigotos. Se trata del 48 por ciento de los 3,6 millones que se produjeron en ese periodo para ese tipo de inseminación, según informa Mail Online. Es decir, para cada mujer que concibe por FIV, se fabrican 15 vidas.
La noticia se ha hecho pública tras una pregunta parlamentaria por escrito del diputado Lord David Alton.
Las cifras exactas, dadas a conocer por el ministro de Salud, Lord Howe, son: 3.546.818 embriones humanos han sido originados desde agosto de 1991 y solo ha habido 235.480 embarazos. No hay datos de las gestaciones que llegaron efectivamente a término.
Lord Alton denuncia que los embriones se hayan manufacturado y desestimado en cantidades «industriales». Añade: «Entiendo que no se pueden llevar a cabo hoy día tratamientos de fertilidad sin fabricar un gran número de embriones que luego se destruyen. Aquí es donde la tecnología tiene que dar un paso».
Los datos sobre embriones humanos los recolecta en Gran Bretaña la Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA).
2. Profesionales por la Ética presentan 2.700 firmas contra la investigación con células madre.
Piden a la ministra de Sanidad, Ana Mato, un "cambio de rumbo en la investigación biomédica" para que los recursos se dediquen a proyectos como los que utilizan células adultas o IP's.
Europa Press | Madrid | 08/01/2013 19:07
La asociación de Profesionales por la Ética ha presentado ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un manifiesto respaldado por más de 2.700 firmas para pedirle que ni financie ni permita la realización de investigaciones con células madre embrionarias, ya que se trata de líneas de investigación "obsoletas" que además "contravienen la legislación europea".
Según recuerda esta entidad, el Gobierno español, en el Banco de Líneas Celulares dependiente en última instancia del Ministerio de Sanidad, mantiene 29 líneas celulares (cultivos celulares con alta capacidad de multiplicarse in vitro) en centros de Andalucía, Barcelona y Valencia. Asegura que este tipo de proyectos no han dado ningún resultado terapéutico tras 10 años de trabajos.
Por ello, han solicitado al departamento que dirige Ana Mato un "cambio de rumbo en la investigación biomédica" para que los recursos se dediquen a otros proyectos a su juicio "eficientes", como los que utilizan células adultas o IP's.
3. 10 años de regulación del menor maduro
Tribuna. Federico de Montalvo. Profesor de Derecho Constitucional y miembro Cátedra Santander Derecho y Menores, UP Comillas (Icade)
Diario Médico, 10 enero 2013.
La Ley de Autonomía del Paciente abordó la regulación del menor maduro y la relación médico-paciente. A pesar del avance, pasada una década se demuestra que la edad no es lo único para marcar esa madurez.
Una de las principales novedades que introdujo la Ley de Autonomía del Paciente fue la regulación de la figura del menor maduro en la relación médico-paciente. Constituyó un importante impulso en el ámbito sanitario del principio que inspiró la capacidad de obrar de los menores a partir de los años noventa, en virtud del cual, la mejor manera de protegerlos no era otra que dotándoles de autonomía. Al menor no se le protegía ya apartándole de la toma de decisiones, sino al contrario.
Como características fundamentales de esta nueva regulación, contenida en el artículo 9 de la ley, deben ser destacadas dos: en primer lugar, la distinción entre una edad en la que los menores tendrán ya derecho a ser escuchados, pese a que la decisión siga en sus representantes, los 12 años de edad, y otra en la que el menor queda prácticamente equiparado a los mayores de edad en cuanto a su capacidad de autorizar o rechazar el tratamiento médico, los 16 años. En segundo lugar, la asunción por el legislador de un sistema de determinación de la capacidad de obrar del menor en el ámbito sanitario de naturaleza gradualista u objetiva, es decir, que atiende sólo a la edad y no al grado efectivo de madurez.
La principal crítica que puede hacerse a la regulación de la ley deriva tanto del hecho de que la madurez de los menores de 16 o más años puede ponerse cuestión, sobre todo respecto de determinadas decisiones sanitarias, como de que la ley adopta un criterio para otorgar capacidad de obrar al menor exclusivamente objetivo, el cual si bien puede ofrecer más seguridad jurídica frente a uno subjetivo de madurez efectiva, al atender a un dato objetivo como es la edad, sin embargo, no encaja bien con los evidencias científicas que nos muestran los estudios sobre la capacidad de los menores y, sobre todo, los avances de la neurociencia. El propio saber científico parece que nos informa de que, si bien el proceso que se observa en el desarrollo de las capacidades de todo menor tiene caracteres de universalidad, ello no significa que sea plenamente equiparable en todos los menores a las diferentes edades. Esta posición de la ley olvida que la casuística nos enfrenta a supuestos en los que la mera graduación de facultades del menor, atendiendo sólo a la edad, es muy insatisfactoria. Podría afirmarse que la ley olvida que existen diferentes tipos de menores y que no todos, en función de sus experiencias personales, familiares o culturales, responden a un patrón claro en el que determinada edad haya de provocar necesariamente el reconocimiento de facultades de decisión sobre el acto médico.
Factores en la madurez del menor
Las conclusiones que resultan de la evidencia científica actual sobre la capacidad de obrar de los menores de edad muestran que no todos los menores de 16 años tienen la misma madurez (es un proceso universal pero con diferencias individuales), que tan importante como el elemento volitivo es el elemento moral y los factores psicosociales (elemento afectivo), que el adolescente habitualmente rechaza las figuras de autoridad (padres, profesor, médico, etc), que los menores asumen más fácilmente los riesgos, que se parte de una evidencia fundamentada en estudios antiguos y respecto de la capacidad de obrar de adolescentes de sexo masculino y no de sexo femenino y que la e-adolescencia genera nuevas incógnitas sobre la evolución de la madurez de los menores. Además, la psicología evolutiva también nos informa de que los menores sí tienen plena capacidad de decisión sobre lo que tiene consecuencias a corto plazo, pero no de lo que produce consecuencias a medio o largo plazo.
También resulta interesante atender a cuál es la evolución del lóbulo central en los adolescentes, ya que en ellos, incluso de 16 años, este lóbulo no está totalmente desarrollado, lo que les hace más vulnerables a fallos en el proceso cognitivo de planificación y formulación de estrategias, ya que hay menor control, por tanto, de las emociones. Ello explicaría varios de los comportamientos que pueden observarse tales como, la dificultad para controlar sus emociones, la pobre capacidad de planificación y anticipación de las consecuencias negativas de sus actos o la tendencia a tener gratificaciones inmediatas, sin demora de respuesta.
En definitiva, la ley atiende a un criterio que no parece el más adecuado según nos muestra la evidencia científica, debiendo haberse incorporado también un criterio subjetivo que atendiera a la madurez efectiva del menor y no sólo a su edad (este déficit ha sido, en parte, salvado por la Circular 1/2012 de la Fiscalía General del Estado que opta acertadamente por un criterio mixto objetivo y subjetivo en su interpretación del artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente). Además, los estudios más recientes parece que proponen no otorgar plena capacidad a los menores de 16 o más años, sobre todo, respecto de determinadas decisiones.
Por último, sería conveniente desarrollar normativamente y en la práctica asistencial la idea de la escala móvil, de manera que la capacidad de decisión del menor, sobre todo, en lo referido a su derecho a rechazar el tratamiento fuera atemperada o matizada en atención a la concurrencia de una serie de elementos, y no sólo la gravedad, sino también la irreversibilidad o las consecuencias a medio o largo plazo del tratamiento.
4. Retos éticos en Atención Primaria. Guía para solucionar conflictos éticos en primaria sin 'frustrarse'
El nuevo volumen de las ya clásicas guías de ética en la práctica clínica, elaboradas por la Fundación Ciencias de la Salud y la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, está dedicado al primer nivel asistencial.
Diario Médico. S. Valle. Madrid | 13/12/2012
Con el título Retos éticos en Atención Primaria, el volumen aborda 39 casos prácticos a los que se enfrenta el médico de atención primaria y que pueden generarle dudas de tipo ético. Planteado el problema, la guía refleja los valores en conflicto y gradúa las posibilidades de acción para terminar proponiendo unas recomendaciones.
Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud , ha coordinado el proyecto que ha contado con autores de una solvencia reconocida en cuestiones de Bioética y asistencia sanitaria para este trabajo. Rogelio Altisent, Francesc Borrell, Montserrat Busquets, Carmen Cámara, Lucía Martín, Antonio Moya, Beatriz Ogando, María Isabel Parra, Víctor J.Suberviola y José Antonio Seoane son las firmas que están detrás de este trabajo.
Entre los temas de actualidad que trata, destaca el capítulo dedicado al uso responsable de los recursos, dentro del que se plantea la problemática coordinación entre niveles asistenciales, las bajas laborales y el tiempo dedicado a la consulta. En las recomendaciones al último supuesto, el texto reconoce que "el ejercicio de la medicina clínica en atención primaria se ha convertido en una actividad frustrante" y continúa señalando que "es imposible en ocasiones atender correctamente a 60 u 80 pacientes diarios durante semanas o meses, por ausencia, vacaciones o enfermedad de un compañero".
También plantea la información a la gestante que quiere abortar, recomendando "cumplir con la obligación profesional de informar a los pacientes para que estos puedan ejercer de forma informada su derecho a decidir".
5. EEUU: Sólo se notifican el 2% de los errores en medicación
Un estudio realizado en la Universidad John Hopkins de Baltimore, sobre 840.000 notificaciones voluntarias de errores.
Diario Médico. Redacción | Madrid | 15/01/2013 19:42
Un estudio realizado en la Universidad John Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, ha analizado las 840.000 notificaciones voluntarias sobre errores en la prescripción de medicamentos, recogidas en 570 hospitales americanos entre 1999 y 2005, de las que sólo se notificaron un 2 por ciento.
La información tranquilizadora es que en el 98 por ciento de los casos los errores no tuvieron consecuencias para el paciente.
6. El Gobierno prohibirá la investigación con grandes simios
Obligará a buscar alternativas a la experimentación con animales para reducirla al máximo
El País. A. T. / Agencias Madrid18 ENE 2013
El Gobierno está preparando una normativa para prohibir el uso de grandes simios –gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes– en las investigaciones científicas y reducir los experimentos con el resto de animales, según ha avanzado hoy la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, después del Consejo de Ministros.
El reglamento, que aún está en proceso de discusión y será aprobado "en las próximas semanas", prevé mejorar el bienestar de los animales y obligar a los investigadores a buscar fórmulas alternativas siempre que sea posible.
Los grandes simios son los mamíferos más parecidos a los humanos y, aunque de facto solo se usan raramente en la investigación, los defensores del bienestar animal celebran que se normalice su protección. "Es muy raro encontrar un experimento con un gran simio más allá de la puramente observacional", explica Francisco Garrido, portavoz de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, que impulsó un proyecto para la defensa de estos mamíferos en 2004.
Garrido, profesor de Bioética en la Universidad de Jaén, cree que la prohibición se debería extender al resto de animales porque, a su parecer, no plantea problemas ni científicos ni económicos. "Es éticamente inaceptable y científicamente poco fiable", apunta para recordar el aceite de colza al que habían sobrevivido los simios en el laboratorio, acabó siendo tóxico para los humanos en los años 90.
El Consejo de Ministros ha aprobado además la modificación de la normativa vigente sobre cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. Santamaría ha explicado que esta nueva legislación promoverá medidas para equilibrar la actividad investigadora y el bienestar animal.
El nuevo Proyecto de Ley ampliará el ámbito de aplicación de las actuales normas de protección, que ahora se limitaba a animales vertebrados, de forma que se extenderá a determinados invertebrados, como los cefalópodos, y a determinadas formas fetales de los mamíferos, consecuencia de la nueva legislación europea en materia de protección de los animales de experimentación, que incluye a estos animales entre los que deben ser objeto de protección, en particular, en el ámbito de la experimentación y otros fines científicos.
También se establecen normas de actuación de las Administraciones competentes para la autorización de los proyectos de experimentación u otros fines científicos en los que se utilicen animales, puesto que la nueva legislación europea prevé la necesidad de autorización de todos aquellos procedimientos en los que se utilicen animales y se fijan disposiciones específicas para regular cómo debe entenderse el silencio administrativo cuando se solicite dicha autorización.
7. La Camfic reprueba la ética de la Tarjeta Sanitaria Individual de enfermos frágiles
Diario Médico C.F. Barcelona | 23/01/2013 00:00
El Grupo de Ética de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic), que preside Dolors Forés, considera que la tarjeta sanitaria individual (TSI), llamada Cuida'm (Cuídame), que identifica a personas de colectivos de pacientes de alta fragilidad, "vulnera claramente el derecho a la intimidad y la privacidad".
El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) puso en marcha el año pasado la prueba piloto de esta tarjeta, que identifica a personas que por sus características clínicas necesitan actuaciones diferenciadas y el acompañamiento de un cuidador en sus contactos asistenciales.
La tarjeta sirve, en la práctica, para tener una atención más accesible y más adaptada a las necesidades de esas personas, que principalmente tienen uno de estos diagnósticos: demencia, discapacidad intelectual grave y profunda y leve o moderada con trastornos de conducta, trastornos del espectro autista y daño cerebral.
"La vulneración de un principio ético, en este caso el deber de secreto, sólo está justificada cuando se persigue un objetivo realista, en beneficio del paciente, y siempre que no haya otra manera de conseguirlo. Leyendo los objetivos del CatSalut para la creación de la tarjeta, parece bastante claro que hay muchas otras maneras para conseguir que este grupo de pacientes reciba una atención ajustada a sus necesidades sin marcarlos con una cruz.
Parece aún más grave que se trate de un grupo de pacientes con la capacidad de decidir comprometida y que, por tanto, no están en condiciones de valorar si quieren o no disponer de una tarjeta que los identifique", concluye el informe de la Camfic sobre esta tarjeta.
8. Europa estudia restringir el uso de los anticonceptivos orales
La Agencia Europea del Medicamento revisará los fármacos de última generación a instancias de Francia por el riesgo de trombos
ABC, Día 29/01/2013
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en sus siglas en inglés) ha anunciado que va a revisar, a petición de las autoridades sanitarias francesas, la seguridad de los anticonceptivos orales de tercera y cuarta generación para ver si es necesario restringir su uso sólo a aquellas mujeres que no pueden usar otros métodos.
Francia ha hecho esta petición después de que muchas mujeres estén reivindicando en este país el uso de anticonceptivos orales de segunda generación, ante el riesgo conocido de tromboembolismo venoso que pueden provocar los anticonceptivos más avanzados, de tercera y cuarta.
Mientras que se toma una decisión, este organismo regulador ha informado de que estos fármacos están sometidos a una "estrecha vigilancia" por las autoridades nacionales y, por tanto, "no hay ningún motivo para que ninguna mujer deje de tomarlos". En caso de sufrir algún problema, no obstante, recomiendan consultarlo con su médico.
El riesgo absoluto, según la EMA, es "muy pequeño" ya que se producen entre 20 y 40 casos anuales por cada 100.000 usuarias, y el riesgo difiere entre las distintas generaciones de los anticonceptivos combinados. De este modo, hay un mayor riesgo en el uso de anticonceptivos de tercera y cuarta generación en comparación con los anticonceptivos de primera y segunda generación y, en todos los casos, se informa de ello en los prospectos de los medicamentos, que se actualizan continuamente, especifica este organismo.
No obstante, el Comité de Fármacovigilancia de la EMA ha decidido revisar la seguridad del uso combinado de estos anticonceptivos y ver si actualmente se ofrece la información adecuada sobre su uso, tanto a médicos y pacientes.
Por su parte, el portavoz de la Fundación de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), Ezequiel Pérez Campos, ha querido mandar un «mensaje de tranquilidad» a aquellas personas que utilizan actualmente las píldoras anticonceptivas de tercera y cuarta generación, asegurando que son medicamentos «seguros» y que el riesgo de tromboembolismo venoso es «bajo» y está «muy medido». «Se está disparatando un poco el tema y está llegando a la población de que son medicamentos peligrosos cuando son muy seguros, y ese riesgo tromboembólico está muy medido y controlado y, en casos de riesgo, está bastante establecido que no se deben prescribir», ha defendido.
Pérez Campos reconoce que es un tema que «viene coleando desde hace tiempo» y que ahora ha motivado la revisión de la EMA tras la petición de las autoridades sanitarias francesas. De hecho, la Agencia Americana del Medicamento (FDA, en sus siglas en inglés) también analizó hace unos meses la seguridad de estos medicamentos y determinó que, aunque un riesgo superior según la combinación de estrógenos y determinados gestágenos, este sigue siendo bajo y «no hace necesario modificar las prescripciones establecidas».
«Lo que hay que hacer es evaluar las condiciones de cada paciente antes de prescribir y considerar que existe un mayor riesgo con determinados gestágenos. Pero no es necesario retirar ningún medicamento», ha defendido. Además, ha recordado que estos medicamentos también pueden tener indicación por los efectos beneficiosos añadidos que ofrecen, ya que sirven para tratar el acné, el cabello graso o el síndrome premenstrual.
9. "Informar al paciente exige la implicación personal del médico"
HUMANIZAR' LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
DM, Redacción | 04/02/2013
El consejero de Salud y Política Social de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha abogado por "humanizar" la relación médico-paciente, para que la información que el facultativo ofrece al usuario "no se traduzca sólo" en una entrega de "cuantiosa" documentación, sino también en una "implicación personal que derive en una confianza en su persona". Hernández Carrón ha hecho estas declaraciones en Badajoz, donde ha participado en la inauguración de la jornada Consentimiento informado del paciente, organizada por el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz.
El consejero ha indicado que la labor de informar "no debe convertirse en una práctica limitada a la entrega de cuantiosa documentación ilegible, con todo tipo de consecuencias para cualquier tipo de intervención", según informa Europa Press.
IMPLICACIÓN PERSONAL
A su juicio, la obtención del consentimiento "no es una técnica de defensa jurídica contra una eventual responsabilidad, sino que requiere implicación personal, conocer a la persona, su manera de entender y comprender".
* El consentimiento informado ha sido elevado a derecho fundamental en la sentencia del Constitucional de 2011, apunta Hernández Carrón
Hernández Carrón ha aludido a la superación del tradicional principio de la actividad médica de "todo por el paciente, pero sin el paciente".
Esa superación, ha añadido, "ha quedado patente por la jurisprudencia y por la propia normativa", dado que la Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura "define el consentimiento informado como la conformidad expresa del paciente, manifestada de forma voluntaria y libre, previa obtención de la información adecuada con tiempo suficiente, para la realización de cualquier actuación relativa a su salud".
Ese derecho, ha recordado, "ha sido recientemente elevado a la categoría de derecho fundamental recogido en la Constitución en la sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011, de 28 de marzo".
Por ello, ha subrayado, la relación médico-paciente exige considerar a éste como "un agente moral autónomo capaz de decidir sobre su futuro en distintos órdenes de la vida, incluida la actividad curativa", "dejando a un lado ese paternalismo o perfeccionismo estatal y abriéndose paso hacia un principio de libertad y autonomía".
10. La reforma del sistema británico de salud será controlada, paso a paso, por organismos independientes.
No es lo mismo: esto es una chapuza
El País. Soledad Gallego-Díaz30 DIC 2012 - 00:00 CET
En 2015, todos los ciudadanos deberían poder valorar cómo funciona el sistema de salud a su nivel local, cómo proporciona los cuidados que está obligado a dar y cómo cumple con los estándares o normas de calidad fijadas públicamente. “La transparencia es un elemento decisivo tanto para mejorar la calidad de los servicios de asistencia así como para informar a los ciudadanos sobre lo que pueden esperar y exigir del Servicio Nacional de Salud”. “Es fundamental que exista una expectativa mensurable [es decir datos, cifras y comparaciones que se puedan medir] para poder valorar si el Gobierno está cumpliendo con sus afirmaciones sobre el rendimiento del sistema de salud”.
Lo que acaban de leer es parte del “mandato” firmado en noviembre pasado entre el Gobierno de Reino Unido y el Consejo de Dirección del Sistema Nacional de Salud (NHS), un organismo independiente que ha sido creado para asumir la responsabilidad del nuevo modelo de gestión del NHS a partir del 1 de abril del año próximo. El “mandato” fue negociado durante tres meses con asociaciones de ciudadanos, de médicos y de personal sanitario, y con otras organizaciones independientes relacionadas con la sanidad pública.
Un trabajo poco profesional de unos políticos poco habituados al control, la exigencia, y la demanda de responsabilidades
El Gobierno conservador británico puso en marcha una complicada reforma del Sistema Nacional de Salud, mediante la ley denominada Health and Social Care Bill, que fue objeto de centenares de enmiendas, se discutió durante horas en el Parlamento e incluso se pospuso y ralentizó su aplicación como consecuencia de la presión que ejercieron los afectados y la oposición. Cameron aceptó esperar a que un grupo independiente elaborara un informe, y esos expertos propusieron que la reforma se realizara paso a paso y que se pudiera ir valorando sus resultados.
La nueva ley acepta que hay que introducir más competencia en la sanidad pública, sin que eso sea un objetivo en sí mismo, sino una manera de mejorar la calidad, y abrir el abanico de proveedores privados. El recurso a proveedores privados ya fue aceptado por el Gobierno laborista de Tony Blair, pero manteniendo la gratuidad y la idea de que se trata de un servicio público universal.
El nuevo informe confirma esa presencia del sector privado en la sanidad pública, pero de manera equilibrada y controlada, de forma que se monitoricen permanentemente los resultados, al igual que se debe hacer con los servicios prestados directamente por el sistema gestionado de forma pública.
El King’s Fund, una fundación independiente para la mejora de la sanidad pública, que tiene sus raíces nada menos que en un hospital londinense de 1897, y que ahora funciona como un famoso think tank, advirtió sobre las dificultades que se plantean para cumplir con la exigencia del Gobierno de que el NHS ahorre un 5% anual de presupuesto en los próximos años. Sus expertos han empezado a analizar trimestralmente los datos que están obligados a proporcionar los centros sanitarios, de gestión pública o privada, y ejercen una considerable presión para lograr un máximo de información en términos que sean comparables.
Toda esta información viene a cuento del debate que se plantea en España sobre la gestión privada de hospitales y centros de salud públicos. Es lo mismo que se está haciendo en Reino Unido, advierten sus partidarios. No, no es lo mismo, porque en España ni se ha debatido sobre el asunto en el Parlamento, ni se ha consultado previamente a los expertos y a los interesados, pacientes y personal sanitario, ni se han establecido previamente las normas de control, ni se han fijado de manera formal y transparente los objetivos que deben cumplir esos centros (de gestión pública o privada), ni se garantiza la transparencia del gasto, ni la posibilidad de comparar unos centros y otros, ni nada de nada.
Lo de aquí, al margen de que se favorezca o no la presencia de proveedores privados en la sanidad pública, es una simple chapuza. Un trabajo poco profesional de unos políticos poco habituados al control, la exigencia, y la demanda de responsabilidades.
11. Absuelto Morín porque las mujeres 'firmaron' abortar
La Audiencia de Barcelona razona que los 89 abortos se practicaron con consentimiento y valida informes psiquiátricos realizados sin entrevista previa.
DM, Soledad Valle. Madrid | 31/01/2013
El mayor juicio sobre abortos ilegales celebrado en España se ha resuelto con una sentencia absolutoria para todos sus imputados personados ante el tribunal, once en total, a la cabeza de los cuáles estaba el ginecólogo Carlos Morín, director de las clínicas donde se practicaron las intervenciones, y su esposa, que es enfermera. En el proceso se revisaron las 89 interrupciones del embarazo denunciadas por la Fiscalía, que pidió 273 años de cárcel sólo para Morín.
El Colegio de Médicos de Barcelona, el Centro Jurídico Tomás Moro y la asociación E-Cristians se personaron en el juicio, de manera separada, como acusación particular. El 22 de noviembre del pasado año el caso estaba listo para sentencia y fue ayer cuando la Audiencia Provincial de Barcelona se pronunció absolviendo a todos los imputados.
Los magistrados del tribunal razonan en la sentencia -de 156 páginas- que "la totalidad de las IVE [interrupciones voluntarias del embarazo] se llevaron a cabo con el consentimiento y bajo petición expresa de las mujeres embarazadas y de sus representantes legales, en el caso de las menores de edad, en centros habilitados y homologados, por ginecólogos titulados, atendidos por anestesistas, también titulados".
Dudas sobre firmas
Durante el juicio, algunas de las mujeres que abortaron confesaron que ellas no habían firmado ningún consentimiento, ni habían sido vistas por ningún psiquiatras para ser valoradas, cuando los abortos se hicieron amparados en el supuesto del daño psicológico que recogía la anterior regulación para interrumpir gestaciones que habían superado las 21 semanas.
A esta cuestión, los magistrados responden: "Quien estampa su firma al pie de un documento asume su contenido, salvo que se haya producido bajo coacción o engaño. Ninguna de tales circunstancias han resultado probadas en el juicio".
Por otro lado, los magistrados cuestionan que la ausencia de esa entrevista personal con el psiquiatra invalide la valoración de la salud mental que éste hizo de la paciente, ni tampoco el consentimiento que dio la mujer. "No existen elementos de prueba para poner en duda, aun en los casos que hipotéticamente no llegara a producirse la entrevista personal, que los psiquiatras no contaran con suficientes elementos de juicio para la emisión del dictamen". Y llegan a esta conclusión, "al margen del valor que la opinión de los dos facultativos [Miguel Bruguera y Jaume Padrós, del Colegio de Médicos de Barcelona], pueda tener".
Praxis psiquiátricas
Los médicos, en su testimonio judicial, "insistieron" en que "cualquier diagnóstico médico emitido sin una exploración previa del paciente atenta contra las reglas de normo-praxis". Los magistrados concluyen que "todo embarazo no deseado supone por sí mismo una situación de evidente riesgo para la salud psíquica de la embarazada".
El Centro Jurídico Tomás Moro, una de las instituciones personadas como acusación particular ha declarado su intención de recurrir el fallo al Supremo.
"Un acto puede ser voluntario, pero no legal"
"Si a partir de ahora se le va a poder diagnosticar una enfermedad a una persona sin verla, los pacientes nos quedamos indefensos". Así resume Javier María Pérez-Roldán, abogado y presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, su disconformidad con la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que admite la validez de unos informes psiquiátricos sin que el médico entreviste a la paciente.
El abogado, que llevó la acusación popular emprendida por el Centro Tomás Moro, afirma que existe una confusión entre el acto voluntario y el legal, pues "la mujeres pudieron ir voluntariamente a realizar un acto que, sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente, no era legal".
Reconoce que su organización redujo el número de denuncia a poco más de 40 casos de aborto, aunque inicialmente presentaron más, porque, admite, "aunque moralmente las consideráramos inaceptables, valoramos los casos desde un punto de vista legal".
"En el juicio parecían acreditadas malas praxis"
Jaume Padrós, vicepresidente del Colegios de Médicos de Barcelona, acoge la sentencia con una sensación agridulce. Recuerda que el colegio sólo se querelló contra Carlos Morín, su mujer y los psiquiatras que avalaron las interrupciones en embarazos por encima de las 21 semanas de gestación, defendiendo la inocencia del resto de facultativos: ginecólogos y anestesistas. Así que confiesa su satisfacción porque la Audiencia de Barcelona haya admitido sus argumentos sobre la buena praxis de esos profesionales. Sin embargo, en referencia a la actuación de los psiquiatras, afirma que "parecía claro que durante el proceso judicial se acreditaron determinadas actuaciones que estaban lejos de ser una buena praxis médica". Sobre la posibilidad de recurrir la sentencia, Padrós explica que los servicios jurídicos del colegio están estudiando el caso, "teniendo en cuenta que nuestra intención es proteger el nombre de la profesión médica, a los pacientes y la buena praxis".
12. La UE prohibirá para siempre las pruebas de cosméticos en animales
La Tercera, Santiago de Chile. Constanza Cortés 31 enero, 2013.
Desde el 11 de marzo de este año, los países de esta comunidad no podrán importar ni vender productos de belleza, que hayan sido testeados en seres vivos.
Más de 20 años de campañas y activismo tuvieron que pasar para que el abuso en contra de los animales por parte del mundo de cosmetología acabara: hoy la Comisión Europea de Salud y Política del Consumidor anunció que desde el 11 de marzo, en la Unión Europea (UE) se prohibirá la importación y venta de productos cosméticos e ingredientes probados en animales.
La cruzada, que durante todo este tiempo fue liderada por la empresa de ventas al detalle de productos de belleza éticos The Body Shop y la organización sin fines de lucro Cruelty Free International, al fin consiguió frutos con esta resolución, la que en la práctica implica cualquiera que desee vender nuevos productos cosméticos e ingredientes en la UE, no debe probarlos en animales en ninguna parte del mundo.
La prohibición afecta a todos los cosméticos, incluyendo los artículos de tocador y productos de belleza, desde jabón hasta pasta dental.
Esta iniciativa es un fuerte mensaje de apoyo a la belleza libre de crueldad y en particular va dirigida a países como China, que todavía exigen pruebas con animales para los cosméticos.
Inicios de la cruzada en contra del abuso animal por parte del mundo de la cosmética
En 1991, la BUAV (Unión Británica para la Abolición de la Vivisección, fundadora de Cruelty Free International) estableció una coalición europea de importantes organizaciones para la protección de los animales en toda Europa (ECEAE), con el objetivo de poner fin al uso de pruebas con animales para cosméticos.
Esto puso en marcha una campaña pública y política muy visible en toda Europa que se extendió más de 20 años. En 1993, The Body Shop, la primera empresa de belleza en tomar medidas contra las pruebas con animales para cosméticos, apoyó la campaña pidiendo el apoyo de sus consumidores en toda Europa.
En 2012, la BUAV fundó Cruelty Free International, la primera organización global dedicada a poner fin a las pruebas con animales para cosméticos en todo el mundo. The Body Shop junto con Cruelty Free International lanzó una nueva campaña internacional que hasta ahora ha dado lugar a que clientes de 55 países hayan firmado un compromiso global apoyando el fin de las pruebas con animales para cosméticos para siempre.
Para que sepas…
La prohibición de la UE de la importación y venta de productos en los que se han hecho pruebas con animales se ha planeado desde 2009, pero muchas empresas de belleza estaban esperando que la prohibición se retrasara o se derogara. Sin embargo, el nuevo comisionado europeo de Salud y Política del Consumidor, Tonio Borg, confirmó en una carta reciente que la prohibición se mantendrá.
“Creo que la prohibición debe entrar en vigor en marzo de 2013, como ya han decidido el Parlamento y el Consejo. Por lo tanto, no estoy planeando proponer un aplazamiento o una derogación de la prohibición. Esta decisión también significa que necesitamos acelerar nuestros esfuerzos en el desarrollo, la validación y la aceptación de métodos alternativos, así como en el reconocimiento internacional de estos métodos. Sé que la ECEAE ha sido un socio valioso y conocedor en estas áreas y cuento con su apoyo en el futuro”, finalizó.
